Hoy la parte de la deuda pública
argentina nominada en dólares y contraída con el sector privado, representa
aproximadamente el 8% del PBI, una cifra realmente baja comparada con otros
países del primer mundo y que expresa una real capacidad de pago de los
compromisos.
El
problema jurídico que hoy se presenta ante el rechazo de la Corte Suprema de
Justicia de Estados Unidos de tratar el caso argentino, corresponde a menos del
1% de la deuda externa argentina, por lo que la cuestión de fondo es puramente política.
El
pago que están reclamando los “fondos buitre” ante la justicia norteamericana
fueron comprados a prestamistas privados que no aceptaron (y por lo tanto no
ingresaron) a la reestructuración de deuda que hizo el gobierno argentino en
los años 2005 y 2010. Por lo tanto, cabe destacar que estos “fondos buitre” o
especuladores, nunca le prestaron dinero a la Argentina, sino que compraron
títulos que por estar defaulteados se encontraban a muy bajo precio (lo que se
denomina, bonos basura).
Es
bueno preguntarse ¿qué es un fondo buitre? Se le llama así a una empresa, o
sea, personas, que se dedican a comprar deuda a muy bajo precio y mediante
acciones judiciales y extorsivas, lograr cobrar mucho más de lo que el mercado
está dispuesta a pagar por estos activos. La existencia de estos especuladores,
se basa en el poder que ejercen los lobby financieros internacionales, incluso
por encima de los Estados soberanos.
En
el caso que padece la Argentina, pretenden lograr ganancias extraordinarias
fuera de toda lógica de mercado, ya que pagaron 48,7 millones de dólares por
esos bonos, pero gracias a la determinación del juez Thomas Griesa lograrían
cobrar más de 1.300 millones de dólares, alcanzando una tasa de ganancia de
1.608%.
Debido
a que lo que se determina en las condiciones de pago de los bonos, los títulos
están bajo la órbita de la ley norteamericana. Por este motivo, los
especuladores tienen derecho a reclamar a la justicia norteamericana y
(teniendo en cuenta que se trata de intereses radicados en EE.UU.) existe la
posibilidad de que ante la falta de cumplimieto del fallo, la justicia
norteamericana pueda embargar los bienes argentinos, tales como propiedades
diplomáticas, reservas, fondos de Ansés, activos como el Tango 01, la fragata
Liberad, fondos de Enarsa, parte del satélite argentino, bienes de Aerolíneas
Argentinas, y sobre todo, los intereses de la deuda reestructurada que
afectaría el cumplimiento de pago de los bonistas que sí confiaron en la
propuesta argentina y aceptaron el canje en su momento.
El
próximo vencimiento de pago de la deuda reestructurada es el 30 de junio de
2014, donde la Argentina tiene que pagar 900 millones de dólares a los bonistas
que entraron en el canje. El fallo dice que para pagarles a ellos también hay
que pagarle a los fondos buitre. Esto empuja a la Argentina a un problema de
pago, por una deuda de quienes no entraron a los canjes.
El default técnico. Se está ante un
default técnico. Un país en default quiere decir que está quebrado, o sea, que
no puede pagar su deuda. Pero Argentina, sí puede y quiere pagar su deuda, con
lo cual, no sería un país en default. Sin embargo, si no puede pagar los
compromisos de deuda reestructurada porque un juez le embarga los fondos, los
comunicadores (o traficantes de información económica) instalan que el país de
todas formas está en cesación de pagos y llaman a esto default técnico, con el
ánimo de afectar los intereses económicos en general del país.
Frente a lo que muchos dicen de
“pagar, total son sólo 1.500 millones de dólares”, cabe recordar que abogados
de algunos de estos fondos buitre (MNL por ejemplo) pidieron interpretación de
cláusula jurídica, para que Argentina le pague a los fondos buitre el total en
la fecha en que pague los intereses, eso significa 1.500 millones. Esto coloca
inmediatamente a todos los otros bonistas en situación de default para reclamar
lo mismo, pero ahora con el antecedente jurídico del juez Griesa. Si todos los
bonistas que quedaron fuera del canje reclamaran con este antecedente judicial,
el pago potencial que la Argentina debería realizar ascendería a 15.000
millones (la mitad de las reservas actuales en el BCRA).
Cabe destacar que estos
fondos buitre, han demostrado una falta total de voluntad para negociación, y como
dijo el ministro de Economía, “son buitre porque no negocian”. Obviamente, si
negociaran, no irían a juicio, y hubieran negociado como los demás. Si la
Argentina paga los 1.500 millones de dólares, el riesgo de tener que pagar
otros 15.000 millones, es muy elevado, y esta suma de dinero, no solo es
injusto pagarlo, sino que tampoco es razonable. Todavía más, hasta diciembre de
2014, los bonos reestructurados incluyen una cláusula que dice que no le
podemos hacer una mejor oferta a quienes no entraron al canje. Si antes de esa
fecha, no sólo reclama el 7% de los tenedores, sino también todos los demás, el
riesgo de tener que reconocer otra deuda al resto de los acreedores, sería muy
significativo, arrojando cifras que ascenderían a los 120.000 millones de
dólares. Esto podría suceder porque si Griesa falló de esa manera, podría haber
otro juez que obligue a pagarles a todos lo mismo. Y eso es impagable, en un
contexto de justicia y paz.
¿Qué va a hacer el gobierno
argentino?
Según las declaraciones de los
funcionarios del gobierno argentino, estas serían algunas acciones en
desarrollo:
• No se puede permitir que impidan
al país honrar los compromisos con los que entraron al canje. Por eso se está
iniciando pasos para hacer un canje a legislación local.
• Hay una verdadera actitud de diálogo para encontrar una vía de negociación.
• Hay una iniciativa de diálogo político interno que ya ha encontrado espacio en el Congreso de la Nación.
• La capacidad de pago de la Argentina es aquella que le permita al país seguir creciendo. Lo que se ha reestructurado, se seguirá pagando.
• Hay una verdadera actitud de diálogo para encontrar una vía de negociación.
• Hay una iniciativa de diálogo político interno que ya ha encontrado espacio en el Congreso de la Nación.
• La capacidad de pago de la Argentina es aquella que le permita al país seguir creciendo. Lo que se ha reestructurado, se seguirá pagando.
Apoyo internacional. A pesar de la
firma posición de un juez norteamericano, la Argentina cuenta con muchos apoyos
de todo el mundo, ya que este es un problema del sistema financiero global, con
repercusiones para todo el mundo (especialmente para los países endeudados que
pretenden renegociar su deuda externo y ven a la Argentina como un caso de
éxito). Los que nos acompañaron expresamente en la causa contra fondos buitre,
son: los gobiernos de Francia, México, Brasil; los fondos de valores, fondo
Fintech, entre otros.
Esta situación tiene alcance
internacional y preocupa a muchos países industrializados del mundo que tiene
una deuda externa mucho más importante que la Argentina, en términos de su PBI
(capacidad de pago).
Entre otros, los que están de
acuerdo con que el acuerdo es injusto: G24, G77, Josep Stiglitz (premio Nobel
de Economía), parlamentarios británicos. El FMI demostró su preocupación y que
ante la comitiva de legisladores y políticos argentinos, el gobierno
norteamericano mostró fuerte apoyo a la gestión del país.
Conclusiones. La Argentina quiere
honrar su deuda, sobre todo con los que han apostado y creído en la propuesta
de renegociación de los compromisos caídos en anteriores gobiernos. Es
indudable que el país tiene capacidad de trabajo y generación de riqueza como
para afrontar estos compromisos; sin embargo, el debate central hoy en día
tiene que ver con la capacidad de los pueblos para establecer sus propias
políticas de desarrollo, y manejarse soberanamente frente a los poderes
económicos mundiales.
El pueblo argentino debe comprender
que el país está en el centro de la mirada mundial y que el éxito de la
política nacional registrado en los últimos años deja de manifiesto los dos
modelos que imperan en el mundo actual: el del capitalismo financiero salvaje,
y el que apuesta a la armonía y la construcción colectiva, sobre la base del
respeto a la soberanía de los pueblos.
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