Reventon 1 y 2

En 1914, el estallido de la guerra en Europa frena los impulsos de la creciente industria en país. Para finales de la década Venezuela sigue siendo un país de escasos recursos, su economía es esencialmente agrícola, cuenta con pocas industrias y las rentas provienen de los impuestos que generan las aduanas. El café representa el 50% del valor de las exportaciones, le siguen el cacao y el ganado vacuno. En 1930 se promulgó la primera ley petrolera.

En 1922 en Cabimas ocurrió un reventón histórico, con 100 mil barriles diarios saliendo de la tierra. Unos años después en Quiriquire cerca de Maturín, ocurre otro reventón, produciendo más de 500 barriles diarios. En 1928 Venezuela ocuparía el segundo lugar de los países productores de petróleo por detrás de los Estados Unidos y el petróleo pasa a ser la primera fuente de exportación nacional.

El ministro de Fomento creó el servicio técnico de hidrocarburos para supervisar en los campos las operaciones de las compañías petroleas, gestiona numerosos reclamos y obtiene nuevos ingresos para el fisco por el pago de impuestos evadidos por las compañías.

En 1936, miles de trabajadores petroleros del Zulia se declararon en huelga, organizados en sindicatos que la reciente ley del trabajo permite.

Con la promulgación el 30 de julio de 1971 de la Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, el Estado venezolano se propuso desarrollar las disposiciones constitucionales y las de la entonces vigente Ley de Hidrocarburos de 1943 para que se cumpliera eficientemente la finalidad de que, vencidas las concesiones en 1983, fueran transferidos al Estado los bienes, instalaciones y equipos incorporados a todas las fases de la industria, sin indemnización alguna. Después de promulgada esta Ley se detectaron infracciones relacionadas con el desmantelamiento de instalaciones petroleras y en la reducción del nivel de inversiones en la industria, porque creían tales compañías que el capital invertido en la adquisición de bienes y equipos no serían indemnizados.

En 1937 se promulga una ley de vigilancia, con el fin de evitar y penalizar la contaminación de las aguas con el petróleo.

Se decretan  2 nuevas leyes, la ley de reversión que obliga a las empresas petroleras a preservar todos sus bienes para que cuando terminen las concesiones, las empresas pasen a mano del estado en buenas condiciones y la ley de conservación del gas. Ocurre la Nacionalización Petrolera y del hierro o más bien estatización de la producción petrolera, y la ley que reserva al estado la industria petrolera y de hidrocarburos, creando Petroven que muy pronto sería PDVSA, contando con más de 23 mil empleados, se multiplica el gasto público con la formación de estudiantes sin cobro alguno en universidades del país y extranjeras.

Una vez sancionada la Ley empezó a tomar cuerpo la argumentación de emprender en lo inmediato la Nacionalización del petróleo. Es así como el recién electo presidente Carlos Andrés Pérez, aprovechando el nacionalismo en boga, interrumpió el debate sobre los proyectos de Ley introducidos en el Congreso Nacional por el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y el Partido COPEI, y decide adelantar con una acción ejecutiva la reversión petrolera.

El 16 de mayo de 1974 fue instalada la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera que debía analizar la posibilidad de rescate inmediato de la industria. Es importante señalar que dicha Comisión estaba integrada por todos los sectores de nuestra sociedad, desde los partidos políticos hasta las universidades.

De la página de PDVSA, se recopilo alguna información para agregar con respecto a la historia de este ente.

“Con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, elaborada por la Comisión Presidencial de la Reversión Petrolera y presentada al Presidente de la República, en acto solemne, el 23 de diciembre de 1974, surgió la esperanza de abrir caminos en la búsqueda de una nacionalización que realmente fuera para el pueblo venezolano, que creara y afianzara la autonomía de decisión.

Amén de la empresa pública nacional CVP fundada en 1960, cada concesionaria privada fue convertida en una filial, con sus respectivos contratos de asistencia técnica y comercialización. Así la Creole pasó a llamarse Lagoven; la Shell, Maraven; la Mobil, Llanoven y otras diez filiales, todas ellas con nombres terminados en “ven”. Esta irracional estructura fue defendida argumentando que la nacionalización debería producir la menor alteración en la actividad operativa diaria. La alta gerencia de esas compañías transnacionales pasó a constituir los equipos gerenciales de estas “nuevas” filiales y los equipos técnicos y profesionales se mantuvieron prácticamente inalterados, todo ello bajo el pretexto de que el Estado venezolano desconocía los procesos de comercialización internacional del petróleo y no contaba con la tecnología apropiada para garantizar que la industria siguiera operando con la misma eficiencia.

Así, la actividad petrolera en el país quedó bajo la responsabilidad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), como casa matriz, y sus 14 filiales, pero en realidad quedó en manos de los mismos que habían dominado el negocio petrolero antes de esta “nacionalización”. En 1977 se produjo la primera reorganización, reduciendo las filiales operativas de 14 a 7 al absorber las más grandes a las pequeñas. Más tarde ese mismo año se redujeron las filiales a cinco (5). En 1978, a cuatro (4) y en 1986, a tres (3): Lagoven, Maraven y Corpoven. En julio de 1997 se aprobó una nueva reestructuración que eliminó esas filiales y creó tres grandes empresas funcionales de negocios que integraran la corporación: PDVSA Petróleo y Gas; PDVSA Exploración y Producción; PDVSA Manufactura y Mercadeo y PDVSA Servicios, responsables de ejecutar la actividad operativa.”